Dilemas de la gerencia política

Las altas autoridades  mostraron  divergencias  por las horas que se podían  permitir para manifestar en la Puerta del Sol,  se señala el hecho en sí mismo intrascendente y entramos en consideraciones sobre la  complejidad y dificultad que encuentran  los gerentes públicos en la toma de decisiones para hacer cumplir la ley, por el justificado temor a  incurrir en traición a sus  valores democráticos. 

por  Alejandro Arratia    

La Presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, rechazó la decisión de la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que permitió manifestar en la Puerta del Sol  35 horas durante cuatros días.  Ha sido generosa, en exceso, acusa Aguirre y la Delegada  alega que no puede limitar la protesta.  Es un derecho constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid –argumenta Cifuentes- la condenaría como ha sucedido en anteriores oportunidades. Concluida sin pena ni gloria la protesta aniversario, la Delegada dijo que la resolución adoptada de  autorizar las concentraciones con limitación horaria en la Puerta del Sol fue la “adecuada”, la “correcta”, y el Vicepresidente de la Comunidad  felicitó a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado porque hicieron posible la compatibilidad del derecho a la manifestación con la libre circulación de ciudadanos; además, extendió esa felicitación a Cifuentes y al Ministerio del Interior.  No ha pasado nada.

En la discutible resolución participaron importantes funcionarios e instituciones, sus razonamientos, la conmemoración en sí misma, las características del movimiento promotor de la movilización, hasta las felicitaciones, son una inagotable cantera de temas dignos de análisis. Dejemos de lado lo secundario para comentar un elemento fundamental: la controversia demuestra complejidad y dificultad para defender la democracia.

En cualquier nación del mundo con gobierno democrático representativo un centenar de preocupaciones atormenta a los altos gerentes responsables, directa o indirectamente, del orden público. Interrogantes del tipo ¿qué hacer con las manifestaciones no autorizadas?, ¿cómo proceder frente a los grupos que toman violentamente la propiedad privada o las áreas públicas?, ¿se pueden aceptar  actos de solidaridad con bandas terroristas?, ¿es legal prohibir la propaganda que invita a destruir y sustituir la democracia representativa?

Los amantes de la libertad encuentran en la práctica obstáculos para defender la democracia  por el justificado temor a  incurrir en traición a sus  valores.  La solución de la disyuntiva -actuar de acuerdo con las exigencias del momento, o tolerar los propósitos de destruir el sistema- pertenece a las dimensiones institucional y personal, porque están en juego la convicción en los principios,  la fortaleza teórica, la capacidad operativa y la moral de los demócratas.  Identificar y evaluar sobre la marcha las situaciones críticas es el primer escollo. Afortunadamente no existen manuales para estos problemas.

La Presidenta de la Comunidad para respetar el derecho de manifestación y, al mismo tiempo,  cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos y comerciantes de la zona, quería reducir a mínimo posible las horas de permanencia en la Puerta del Sol. Consciente de los riesgos intrínsecos de su postura, no exigió a los órganos competentes la prohibición, pero la experiencia de la anterior acampada irresponsablemente aceptada de hecho, la obligaban a recomendar prudentes restricciones.

La democracia está sujeta a leyes que garantizan la convivencia, lo contrario es la anarquía y el dominio de los más fuertes. Las convocatorias con énfasis en el reto, “no cumpliremos los horarios permitidos”, más que las diversas consignas del caso, expresaban el propósito de desconocer el estado de derecho y probar en la calle la firmeza del gobierno. En las naciones civilizadas, cuando la disuasión se agota queda el escabroso recurso del uso legítimo de la violencia, para esos fines existen los cuerpos policiales. Pero no cesa la incertidumbre de los protectores del sistema democrático,  porque en los momentos de confrontación no derogan  la obligación de  garantizar el mayor espacio posible para el disentimiento.

De los libros

¿Debemos clasificar en la misma categoría de adversarios de la democracia a los indignados españoles? Frente a la imagen que a menudo se tiene, los indignados no participan de un movimiento estudiantil, al estilo del de Mayo del 68, sino que reúnen una población de edad similar y marginalizada, una mezcla de lumpen intelligentsia y parados de larga duración. Con su propia existencia, los indignados muestran cierta incapacidad de las sociedades postindustriales a la hora de integrar a quienes no comparten los códigos sociales y culturales que exigen las economías complejas. También se observa que el objetivo directo de los indignados españoles es la propia democracia: las instituciones democráticas y los partidos políticos españoles les parecen incapaces de responder a sus exigencias, unas exigencias que no siempre están claras. El “sistema” –expresión de los indignados- debería ser remplazado por una utopía alternativa, de las que las interminables discusiones en la Puerta del Sol constituyen un bosquejo posdemocrático.”

Guy Sorman. El fin de la Historia retrocede en Europa. LETRAS LIBRES, 127. Abril 2012. Edición España

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