El Rey elegido

En la crisis creada por los secesionistas,  Felipe VI se comprometió con la defensa de su país y elevó el fervor patriótico de los españoles. La actitud del Monarca lo coloca en la contienda política y no faltan voces que cuestionen sus derechos. El Rey tiene legitimidad tradicional, además, por su ejercicio ejemplar como jefe de Estado y por decisión democrática de los ciudadanos españoles. Personalidades intelectualmente autorizadas como el catedrático Manuel García-Pelayo y Jorge Semprún (el heroico y audaz Federico Sánchez de la resistencia anti-franquista) reflexionan sobre la legitimidad de la Corona.

Por Alejandro Arratia

El Rey habló a todos los españoles, con prioridad natural, a esa mayoría de catalanes que se sentían desamparados. Seis minutos invirtió Don Felipe VI el martes 3 de octubre para llamar a los “legítimos poderes del Estado a asegurar el orden constitucional” frente a los que han demostrado una deslealtad inadmisible y se han situado al margen del derecho y de la democracia socavando la convivencia y logrando, desgraciadamente, dividir a la sociedad catalana. Las palabras del Jefe del Estado fueron el bálsamo que anhelaban los ciudadanos; el cambio en el ánimo brotó con entusiasmo. En Cataluña la sociedad silenciosa tomó la calle y se hizo oír. Los sediciosos “lamentaron” que el Rey se comprometiera, que no fuera neutral. Los socialistas lo elogiaron, aunque en privado deploraron la ausencia de una invitación al diálogo. Iglesias, sin la visibilidad por él deseada en la crisis, como es su costumbre, construyó una frase “…le digo al Rey no votado: no en nuestro nombre”.

La contundencia del Monarca y la receptividad del discurso redujeron a la mínima expresión las críticas de izquierdistas, nacionalistas y populistas, censores implacables de los criterios democráticos. Don Felipe, en la entrega de los premios Princesa de Asturias (viernes 20 de octubre), volvió sobre el asunto más importante que tiene hoy la nación española. Es “inaceptable el intento de secesión” […] “Ningún proyecto de progreso y libertad se sustenta en la desafección, ni en la división –siempre dolorosa y desgarradora- de la sociedad, de las familias y de los amigos, ningún proyecto puede conducir al aislamiento o al empobrecimiento de un pueblo”. “Cataluña es y será una parte esencial de España”. El acto contó con la calificada representación de la Unión Europea: Jean Claude Juncker (Presidente de la Comisión), Antonio Tajani (Presidente del Parlamento) y Donald Tusk (Presidente del Consejo). Los mandatarios recogieron el Premio Princesa de Asturias de la Concordia y censuraron sin ambages el intento desmembrador.

La Corona en España ha sumado décadas de consecuencia democrática. Una prueba concluyente y antecedente inmediato del comportamiento actual de Felipe VI se produjo el 23 de febrero 1981 con la firme posición de su padre, el Rey Juan Carlos I, cuando rechazó al intento de golpe de Estado. El fracaso del violento asalto al Congreso dirigido por el teniente general Antonio Tejero y la movilización de tanques en Valencia comandada por el general Miláns del Bosch, jefe militar de la región, lo determinó la entereza del Rey frente a las maniobras palaciegas y su intervención en los medios de comunicación. Consecuentes con el espíritu de la transición, la Monarquía y los órganos ejecutivos armonizan el funcionamiento de la legalidad constitucional y refuerzan así su legitimidad en el ejercicio del poder.

Legitimación tradicional

En 1941, Alfonso XIII delegó en su hijo Don Juan de Borbón (1913-1993) la dignidad de Jefe de la Casa Real de España. En marzo de 1943, Juan de Borbón, previendo la victoria de los aliados, envió una carta a Franco exigiendo la Restauración de la Monarquía. El caudillo respondió en mayo negando que su sistema de gobierno fuera provisional. La tensión entre Don Juan y el caudillo era permanente, a veces pública. El 19 de marzo 1945, el heredero real hizo circular el Manifiesto de Lausana (Suiza) calificando al franquismo de totalitario e inspirado en las potencias del Eje. La situación se agravó cuando el jefe de Estado recibió el 8 de septiembre una carta firmada por ocho de los doce tenientes generales en la cual le pedían que considerase la restauración de la monarquía. El único reclamo de altos oficiales en el largo tiempo de la dictadura.

El franquismo, bajo presión de las circunstancias económicas internas y la urgencia de ampliar las relaciones internacionales, promovió algunos cambios formalizados con el Referéndum de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (07/07/1947), promulgada el día 26 de julio. España se convertía en Reino. La ley estableció que el sucesor de Franco lo propondría él mismo y debería recibir la conformación de las Cortes. La protesta de Don Juan de Borbón quedó plasmada en el Manifiesto de Estoril (07/04/1947).

La Ley de Sucesión de Franco cerró las opciones al Conde de Barcelona que deseaba una España democrática y borbónica. La Ley creaba un reino sin rey hasta que el Caudillo lo considerara conveniente. Torcuato Fernández-Miranda asume la educación del Príncipe con el mayor entusiasmo y se convierte por toda su vida en consejero leal del Rey. Desde muy temprano fraguaron los planes de ir de la ley franquista a la ley democrática. La influencia determinante que desde 1960 tuvo el preceptor y amigo en la educación del joven príncipe profundizó y amplió en contenido liberal de la herencia paterna.

El 22 julio 1969, las Cortes nombraron al Príncipe Juan Carlos sucesor de Franco con el título de Rey. Juan Carlos quedó proclamado ante las Cortes y el Consejo del Reino el 22 de noviembre 1975. La coronación se realizó el 27 del mismo mes. El Conde de Barcelona renunció a la Corona de España el 14 de mayo 1977, legando la jefatura de la Casa de Borbón y de la Casa Real de España. Entonces Juan Carlos I quedó legitimado. Legitimación heredada, tradicional, cuya fuerza provenía del pasado.

Legitimidad por elección

Torcuato Fernández-Miranda, para ese momento presidente de las Cortes, sabe que el Rey está dispuesto a entregar su poder absoluto para dar paso a la democracia. “Aquí tienes esto, que no tiene padre” es la famosa frase que pronuncia al entregar al gobierno los folios de la transición. El martes 16 de noviembre se abre la sesión de las Cortes dominadas por mayoría de familias franquistas y en la tercera jornada se produce la votación, resultado: SI 425, NO 59, abstenciones 13. La prensa tituló el día 19, “hara-kiri franquista” .

“Aprueba el proyecto de Ley de Reforma Política” era la única pregunta del referéndum del 15 de diciembre. El SÍ obtuvo un 94,2% de los votos, el NO un 2,6%. A finales de 1976 y principios de 1977, viendo a España por el retrovisor, la extrema izquierda y la extrema derecha perpetran secuestros, asesinatos, atentados, que solo lograron un rechazo absoluto. El 15 de junio 1977, la población elige directamente 350 diputados y 207 senadores, a los que se sumarán 41 designados por el Rey.

De 1976 a 1979 las elecciones para legitimar el nuevo poder se suceden una tras otra. El 26 de diciembre 1978 se firma la Constitución en sesión conjunta. El país tiene la norma jurídica que regulará la convivencia ciudadana. El cambio está transcurriendo de la ley a la ley como lo deseaban Juan Carlos y Fernández-Miranda, sin golpes de Estado, sin pronunciamientos, sin borrón y cuenta nueva.

La Constitución Española entró en vigor el 29 de diciembre. (Boletín Oficial del Estado, BOE Nº 311). Título Preliminar, Artículo 1. 3. “La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria”. Título II. De la Corona. Artículo 56. “El Rey es el Jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia…”. Artículo 57. 1.”La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica” Artículo 61.1. “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”. La Monarquía Parlamentaria está limitada por las disposiciones constitucionales plasmadas en los artículos 56 a 65 de la Carta Magna. La Corona quedó legitimada por el referéndum del 6 de diciembre 1978.

Legitimidad racional

En la sociedad española posterior a la transición rige la legitimidad racional propia de las democracias occidentales europeas. Es el principio típico hegemónico con predominio sobre el principio de funcionalidad que incide sobe el rey de España. Es decir, su legitimidad no se basa, de acuerdo con la tipología weberiana, <<en la gracia de Dios, ni en el carisma de la raleza, ni en el derecho regio-dinástico, ni en el modo de su designación [se basa] en su funcionalidad para el tránsito pacífico hacia un orden libre y democrático y para la consolidación ulterior de este orden: en su funcionalidad para la estabilidad y reproducción del sistema>>. Tan importante explicación la expuso García-Pelayo en la conferencia “Legitimidad y racionalidad” del ciclo de cuatro encuentros realizados en la Fundación Juan March, en abril de 1978 [Manuel García–Pelayo (2008) El Estado de nuestro tiempo. “Fundación Manuel García-Pelayo”, Cuadernos de la Fundación Nº 13. Caracas. Venezuela].

A cierto nivel de abstracción –dice García-Pelayo- la legitimidad funcional puede expresarse del siguiente modo: <<Es legitima aquella institución, o aquella acción, que constituye una aportación positiva, o más aún, decisiva para la constitución y reproducción de un sistema político>>. Indiscutible la función del Rey en medio de tan dura contienda política sirviendo de puente, en unos casos; en muro de contención, en otros. Realizado el referéndum que ratificó la constitución, quedó reconocida en el mismo acto la presencia de la Corona, el voto constituyó el aval de la mayoría absoluta de los ciudadanos a su legitimidad funcional.

Los partidos políticos y la sociedad española han realizado innumerables pruebas y confirmaciones de la legalidad y legitimidad de la democracia: elecciones generales, autonómicas, municipales; mandatos con orientaciones políticas e ideológicas diversas; complejidad y disenso dentro de los límites de la democracia representativa. El Rey posee el poder legitimado mediante las urnas en el referéndum que le dio la misión de “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes [y] respetar los derechos de los ciudadanos”. Su dominación fortalece el poder de las autoridades electas en sucesivos períodos y se mantiene por el convencimiento que existe en la población de los beneficios de la obediencia.

Legitimidad por el porvenir democrático

Jorge Semprún -es cierto que no necesita presentación, pero viene bien recordarlo como Federico Sánchez, seudónimo del valiente y arriesgado luchador contra la dictadura- en unas reflexiones críticas sobre la transición, dice que en el plano de la legitimidad las cosas han sido bien diferentes; considera que el porvenir democrático es la única fuente verdadera de legitimación, la auténtica instancia constituyente. A Semprún le parece un despropósito el esfuerzo de algunos ideólogos “absurdamente más papistas que el Papa” para borrar la matriz franquista de la institución monárquica [y] fundar su legitimidad solo en la tradición dinástica anterior”. Esa argumentación es “no solo es un atentado a la verdad histórica, sino que también, y sobre todo, conduce a privar a la monarquía de su principal fuente de legitimidad, que debe enraizarse en el porvenir, en la modernidad del consenso popular>>

<<…ha sido la posibilidad de un porvenir democrático, su realización ininterrumpida, lo que se ha convertido en el referente e instrumento principal de legitimación. La institución monárquica misma, cuyo papel positivo habrá sido predominante en la primera fase de la transición, ha tenido que arrancarse a su propio pasado, el peso de la tradición. Ha tenido que repudiar la herencia del franquismo, que la había instaurado en una serie de condicionamientos y de obligaciones para asegurar la perduración de sus principios; ha tenido que articularse sobre su mejor fuente de legitimidad, la perspectiva incierta del futuro democrático>>
[Jorge Semprún (2015): Federico Sánchez se despide de ustedes. Austral. España. Pp. 231-232]

La gran tarea de la transición quedo plasmada en el Pacto de la Moncloa (27 de octubre 1977) y, fundamentalmente, en la Constitución de 1978, que definió un Estado social y democrático de derecho. Aprobada por el Senado y el Congreso el 31 de octubre, el 6 de diciembre mediante un referéndum la población dio su apoyo a la Constitución, que entró en vigor el 29 del mismo mes y año. Los actos de aprobación y ratificación de la Carta Magna sustentan las reglas del juego democrático y confieren legitimidad a la Monarquía Parlamentaria. España conquistó la gracia de tener un Rey que a la tradición agrega la legitimidad que le da un proceso electoral universal, directo y secreto.

 

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