Institucionalidad herida

En la destitución del presidente de Paraguay -amparada en la constitución,  pero sin derecho a defensa- hay mucha tela que cortar. Lugo, no obstante sus devaneos con los populistas del continente  se mantuvo dentro de los límites de la democracia representativa. No era un mandatario electo trasformado en dictador.  Nuestro interés en este caso  tiene que ver con la fortaleza de la institucionalidad regional. Recordemos que son democracias todavía inestables.

por Alejandro Arratia


“Dime quien te defiende y te diré quien eres”.  Apuesto a que no soy el primero que se le ocurre esta proverbial originalidad; pero vale el refrán ante la complejidad e insuficiente información. Si por Fernando Lugo se rasgan las vestiduras los jefes de gobierno de Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, poco importa que aturdan al mundo repitiendo fárragos por la democracia, contra la derecha reaccionaria y la mano del imperio. Después de tantos años de populismo y fracaso, sólo marean a quienes en lo más íntimo desean ser embaucados. En la destitución del presidente de Paraguay, legalmente amparada en la Carta Magna,  pero sin derecho a defensa, hay mucha tela que cortar, un centenar de preguntas y la tarea de buscar respuestas con apoyo en los hechos, así como en la experiencia iberoamericana, y por qué no, de  la teoría política.  La discusión apenas comienza.

Notable la casi unanimidad de los parlamentarios (igual origen electoral  y tan legítimos como Lugo)  en la decisión de destituir al Presidente; un dato mayor, la aceptación de su defenestración y los tibios reclamos balbuceados solo después de recibir apoyos del exterior; llama la atención la ausencia de protestas o al menos pronunciamientos de elites paraguayas, de sectores populares, o de voces en el ejército. Datos relevantes pero no suficientes para cerrar la caracterización del suceso.

Paraguay desde el fin de  la dictadura de Alfredo Stroessner, 35 largos años (1954-1989), no ha logrado estabilizar la democracia. La elección de Fernando Lugo (2008) puso fin a 61 años de dominio del Partido Colorado, la misma organización del dictador. El gobierno de Lugo estuvo signado por las tensiones permanentes y los problemas personales. El senado y el Presidente mantuvieron  una confrontación continua, desde los inicios del mandato.

Si indagamos cuatro años de ejercicio, no cabe duda de que  encontraremos graves fallas e insuficiencias, pero Lugo, no obstante sus devaneos con los populistas del continente (se dice que tenía  simpatías con  la  Liga Nacional de Carperos,  movimiento de campesinos sin tierra, actores del enfrentamiento que  concluyó con 17 muertos) se mantuvo dentro de los límites de la democracia representativa. Su caso no es el de un mandatario sin contrapeso de los poderes públicos, que se transforma de hecho en dictador y, acorralado por la insurgencia popular, intenta  masacrar a la población, pierde el control de las fuerzas armadas y renuncia.

Cuando estemos mejor informados del “mal desempeño de sus funciones” que determinó la destitución, posiblemente se disiparán las dudas. Nuestro interés nada tiene que ver con la defensa del ciudadano Lugo, sino con la fortaleza de la institucionalidad regional. Recordemos que son democracias todavía inestables. Sabemos muy poco de las leyes paraguayas para atrevernos a dar veredictos, podemos, sin embargo, expresar unas consideraciones universales. La Presidencia de la República es una institución  y la salida de un Jefe de Estado debe en lo posible evitarse, o ser el final de un proceso donde los recursos políticos y jurídicos que la misma democracia proporciona se han agotado. Extraer de la estructura legal las interpretaciones razonables que permitan la negociación para superar las alteraciones y mantener la institucionalidad, sin transformaciones sobre la marcha que den a la comunidad internacional la imagen de inseguridad jurídica.

La transparencia en la acción gubernamental, la honestidad y la sanción moral de los funcionarios son reglas sociales y políticas  informales que complementan las instituciones formales  y deben ser aplicadas. Su uso no es ajeno a la sabiduría de cómo se han constituido nuestros sistemas;  cuántas generaciones han participado del proceso, qué grado de madurez tienen. El gran problema de la región es mantener estables las democracias.

De los libros.

La política intuida como lucha gira en torno al poder, es más, tiende a disolverse en relaciones de poder, pues no hay lucha sin poderes contrapuestos, y, al girar en torno al poder, tiene como supuesto el despliegue de la voluntad, pues justamente el poder supone una resistencia a la que la voluntad trata de allanar. En cambio, la política intuida como paz o como orden gira, si es lógica consigo misma y haciendo abstracción de casos extremos (…) en torno a la justicia, a la que puede entenderse como un orden natural y objetivo de las cosas, que no es creado, sino descubierto por el hombre, sea –lo que es más certero- como una síntesis de valores por y para los cuales se constituye hic et nunc la convivencia política. Pero en cualquier caso la política ha de basarse en la ratio discernidora del orden justo y a la que ha de subordinarse la voluntad.”

“(…) se trata de dos concepciones límites que en el despliegue de las ideas y de las creencias políticas no siempre se dan ni en toda su pureza ni sin contradicciones internas, sino frecuentemente armonizadas en síntesis o distendidas en complejas relaciones dialécticas.”

 

Manuel García Pelayo (1999): IDEA DE LA POLÍTICA. pp. 6-7. Fundación MGP, Cuaderno 1. Caracas.

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