Venezuela. Diálogos para la paz

Los venezolanos sobreviven en condiciones infrahumanas, la incertidumbre, la angustia, la desesperanza y el miedo reflejan el estado de ánimo de la población.  El clamor va por el cambio y el primer paso es el diálogo,  pero se niegan a escuchar, desestiman el reclamo y promueven el conflicto. La MUD y HC coinciden en demandar la presencia de terceros de buena fe nacionales o internacionales. Las señales de humo del gas lacrimógeno y el retumbar de la metralla, envían mensajes de guerra.  
 
por Alejandro Arratia
 
           Los venezolanos sobreviven en condiciones infrahumanas. La incertidumbre, la angustia, la desesperanza y el miedo reflejan el  estado de ánimo de casi toda la población.  La mitad identificada y decida a demostrar con votos y protestas su desacuerdo con el régimen, y la otra parte, igual que el conjunto de los habitantes sometida a la escasez de bienes y servicios (alimentos y medicinas en primer lugar), y a la violencia que amenaza sin distingo de víctimas por bandería política o posición social.  Sobran razones para salir a la calle; sin embargo, el gobierno responde con  represión y censura, mientras hace acusaciones de golpistas y terroristas, simultáneas a la  falaz proclamación de su condición de pacíficos demócratas.
          El clamor va por el cambio y en este momento el primer paso para intentarlo es el diálogo,  pero ellos se niegan a escuchar, desestiman el reclamo y promueven el conflicto. Maduro instiga sus grupos armados, los llamados “colectivos”, a reprimir manifestaciones, a asesinar con garantías de impunidad. Ha dicho “Candelita que se prenda, candelita que se apaga” intentando, sin lograrlo, amedrentar  a los venezolanos. Olvida o ignora –para los efectos es lo mismo- y tiene pertinencia recordarle al testaferro de los hermanos Castro  que el Derecho Internacional Humanitario, al cual no es ajeno el sistema jurídico penal de Venezuela, prevé por conductas calificadas como asesinato de la población civil, que  los jefes de gobierno pueden ser sometidos a la justicia internacional.
          La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) propone 5 condiciones: la libertad de Leopoldo López, Iván Simonovis y todos los presos; regreso de los exiliados, investigación independiente de los crímenes políticos, desarme de los grupos paramilitares. Henrique Capriles (El Universal 12/03/2014) coincide con la propuesta y ha expresado que el diálogo no es sólo invitar a otro a que escuche al gobierno, es necesario que el gobierno se comprometa a escuchar y rectificar, y lo demuestre con acciones concretas: desarme de los grupos paramilitares, cese de la represión y la censura, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (tienen sus períodos vencidos)  y de los rectores del Consejo Nacional Electoral. Agregó que es necesario sacar la política y al gobierno cubano de las fuerzas armadas.
          La MUD y Capriles coinciden en demandar la presencia de terceros de buena fe nacionales o internacionales. El gobernador de Miranda precisa que la Iglesia Católica puede asumir el rol de mediador. Viene al caso parafrasear las palabras del Arzobispo Metropolitano de Mérida, Baltazar Enrique Porras Cardozo, en su respuesta (06/03/2014) a la convocatoria del gobierno para la conferencia de paz regional: no asistiremos a la reunión porque se desconocen los invitados y a título de qué. Las partes deben ser los primeros participantes. Tienen que definir algunos puntos que eviten caer en las descalificaciones. Se debe saber a qué se compromete previamente el ejecutivo para garantizar, al menos, una voluntad firme y concreta de buscar la paz ciudadana.
Paramilitares
          Las señales de humo del gas lacrimógeno y el retumbar de la metralla envían mensajes de guerra. El gobierno actúa de espalda al sentimiento nacional.  El 87% de las personas consultadas por la encuestadora Datos a mediados de mes opina que debe rectificar sus políticas; el 47,1% cree que Maduro puede resolver los problemas; el 46,5% piensa lo contrario; el 64% está a favor de la salida constitucional del presidente y un 22% por que se mantenga. El 61% considera que la represión de las fuerzas policiales  es, por lo menos, desproporcionada.  Dato revelador: sólo el 36,6% de los consultados cree que Maduro manda, y el 18,9% estima que quien lo hace es Diosdado Cabello. Para el 12,5%  los que  verdaderamente ostentan el poder son los cubanos.
          Encuestas y cifras siempre discutibles, pero el referente axiomático es: Maduro fue proclamado con los votos del 50% de los electores y el otro 50% se pronunció en contra. Sin entrar a evaluar la validez de esos comicios, los números dicen que en una crisis como la venezolana es imposible negarse a las medidas conciliatorias. La represión generalizada y el despliegue de bandas criminales y militares -se está haciendo en Caracas y Táchira- puede reducir las movilizaciones, o solo obligar a cambios en las formas de protesta, más allá del resultado inmediato el malestar va a continuar. Tienen 15 años demostrando capacidad represiva proporcional a su incapacidad para promover el bienestar social. Van a militarizar todo el país, ¿por cuánto tiempo?
De los libros
 
(De los libros es un espacio reservado a una cita vinculada con el tema del artículo de la semana, hoy alteramos el formato y se publica, por su importancia y fuerza demostrativa del uso y abuso de las leyes en Venezuela, una NOTA DE PRENSA)
NOTA DE PRENSA
Director de Tal Cual afirma que una demanda en su contra sólo persigue censurar y amedrentar a los medios. Petkoff pide investigar a Cabello por forjamiento de documento público. También denuncia al parlamentario por utilizar dependencias de la Asamblea Nacional para beneficio personal y pide la actuación de la Fiscalía ante estos hechos de corrupción.
 
“El diputado Diosdado Cabello parece tener el don de saber lo que la gente va a escribir antes de que lo escriba, pues habría autorizado a su abogada a que nos acusara penalmente el 26 de diciembre de 2013, cuando el escrito por el cual nos demanda fue publicado el 17 de enero de 2014”, afirmó el director del diario Tal Cual Teodoro Petkoff, quien solicitó a la fiscalía general  de la República que iniciara una investigación contra el presidente de la Asamblea Nacional por forjamiento de documento y por valimiento de funcionario público.
Tales irregularidades se desprenden del análisis hecho al expediente que cursa en el Juzgado 29º de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conoce la acusación penal introducida por el diputado Cabello contra el director del diario Tal Cual, los integrantes de su junta directiva: Francisco Layrisse, Juan Antonio Golía y Manuel Puyana, así como contra el colaborador Carlos Genatios, por un artículo de opinión suscrito por este último donde se atribuye al parlamentario la frase “al que no le guste la inseguridad que se vaya”.
El parlamentario en ningún momento solicitó un derecho a réplica o exigió la rectificación del diario, sino que anunció la acusación penal, la que concretó el pasado 24 de enero. En opinión de Petkoff, la acción de Cabello no es más que otro intento del gobierno de censurar a los medios de comunicación social que no son dóciles ante los requerimientos gubernamentales.
 
El adivino
El equipo de abogados que asiste a Petkoff, Genatios y los directivos del diario, constató, luego de analizar el expediente, una serie de irregularidades. En primer lugar, los dos poderes que entrega Cabello a su abogada, Ytala Hernández Torres, fueron presentados para su otorgamiento el 26 de diciembre de 2013, 23 días antes de que fuera publicado el artículo de Genatios en las páginas de Tal Cual.
Esto consta en los folios 42, 46, 47 y 48 del expediente signado con el Nº AP02- P2014-4009067, en el referido Juzgado. “En todos los folios mencionados, tanto las notas emitidas de los computadores del SAREN como lo propio afirmado por Diosdado Cabello Rondón, los funcionarios y testigos que suscriben el poder y la Notario Pública Tercera del municipio Chacao del estado Miranda, afirman que éste se otorgó en fecha 26 de diciembre de 2013”, precisa Humberto Mendoza De Paola, abogado defensor de Petkoff.
El segundo poder también tiene la referida fecha, según consta en el folio 42 del expediente, pero además tiene “la particularidad que quien la solicita es la Dirección Ejecutiva de la Legislatura –aunque dice también en el texto “Dirección ejecutiva de la magistratura (DEM)”. De manera que no solo es el hecho irregular de la fecha, si no el hecho de aprovecharse de la dirección de la Asamblea Nacional para otorgar uno o dos poderes de manera irregular, lo cual es conocido como valimiento de funcionario público y es delito, aparte del uso de los recursos de la Asamblea Nacional para elaborar y gestionar el poder, lo cual pudiese constituir el delito de peculado de uso”, puntualiza Mendoza.
Ante las irregularidades narradas, Petkoff solicita se le abra una averiguación a la notario pública tercera del municipio Chacao, Yurbis Sayago Ramos y al diputado Cabello por el delito de forjamiento de documento y al presidente de la Asamblea Nacional y a su abogada Ytala Hernández Torres, por el delito de valimiento de funcionarios públicos, delitos estos previstos y sancionados en la Ley contra la Corrupción, particularmente en sus artículos 54 y 7.
Xabier Coscojuela
Jefe de Redacción del diario Tal Cual
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